En general, podríamos plantearnos eliminar cualquier forma de de precariedad en lo público. Creo firmemente que estamos en ello. Centro esta propuesta para “Las 1001 ideas para la Administración Pública” en la precariedad de los trabajadores de lo público.
Definiría “trabajadores de lo público (función pública en sentido amplio)” como todas aquellas personas que reciben una remuneración monetaria por desempeñar actividades relacionadas con la Administración y la prestación de servicios públicos a los ciudadanos, independientemente de la forma jurídica que les vincule con una organización a través de la cual realizan su trabajo.
En esta difícil definición incluyo a todos los que trabajan en, para o en nombre de la Administración: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, contratados, subcontratados, consultores, cargos públicos y/o personas que trabajan para empresas que prestan servicios externalizados. La cosa va desde el médico de familia en el ambulatorio del barrio al barrendero, pasando por el bedel del instituto, el segurata de la oficina de la Seguridad Social y las personas que higienizan los aseos del Ayuntamiento. Sin olvidarnos del director general, el gabinete de prensa, o los informáticos que mantienen la web institucional. En esta diversidad de casuísticas encontramos una gran diversidad de cuestiones a abordar.
Básicamente, la reflexión sería alrededor de la idea de que cada uno de los agentes presentes en la Administración tiene (y debe tener) motivaciones, incentivos e inquietudes distintos. Desde mi punto de vista este es un aspecto clave a abordar para conseguir un servicio al ciudadano que le garantice el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. La cosa giraría en torno a la posibilidad de estudiar y suprimir las barreras que impiden que la Administración satisfaga las expectativas de las personas que prestan servicios para (con) los ciudadanos.
Por ello propongo estudiar y, en su caso, revisar aquellos aspectos que operan generando precariedad para uno o varios de los grupos de trabajadores de lo público y en sus relaciones entre ellos y con las organizaciones en las que desarrollan sus actividades. Entre otros:
- Procesos de incorporación de trabajadores de lo público.
- Incentivos perversos para el acceso a la función pública (en sentido amplio).
- Asignación y distribución de funciones, tareas y responsabilidades.
- Comunicación entre los distintos agentes implicados.
- Acogida y formación continúa adaptada a las distintas realidades.
- Remuneración acorde con el valor aportado independiente del cuerpo / escala.
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