Casi 30 años después de su aprobación en una legislación estatal, vivimos un momento crítico para la implantación del sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) de envases. La legislación estableció obligaciones y plazos concretos, pero fabricantes de envases, envasadores y distribuidores de producto envasado se resisten a cumplir sus obligaciones legales, trasladando costes, que deberían internalizar en su modelo de negocio, al conjunto de la sociedad.
La Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases obligaba, en 1997, a envasadores y distribuidores de producto envasado a:
- Cobrar a sus clientes, hasta el consumidor final y en concepto de depósito, una cantidad individualizada por cada envase que sea objeto de transacción.
- Aceptar la devolución o retorno de los residuos de envases y envases usados cuyo tipo, formato o marca comercialicen, devolviendo la misma cantidad que haya correspondido cobrar de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.
Los obligados, un año antes, se habían organizado para evitar esto. Crearon una corporación que les permitiría ir directamente a la excepción. Podían eximirse de esas obligaciones participando en un sistema integrado de gestión de residuos de envases y envases usados derivados de los productos por ellos comercializados. Ecoembalajes España S.A. (Ecoembes) sigue siendo el sistema integrado de gestión que impide el SDDR en España.
El sistema integrado de gestión garantizaría, en su ámbito de aplicación, el cumplimiento de los objetivos de reciclado y valorización, en los porcentajes y plazos establecidos. En la norma de 1997 esto suponía que antes del 30 de junio del año 2001:
- Se valorizaría el 50 por 100 como mínimo, y el 65 por 100 como máximo, en peso, de la totalidad de los residuos de envases generados.
- Se reciclaría el 25 por 100 como mínimo, y el 45 por 100 como máximo, en peso, de la totalidad de los materiales de envasado que formen parte de todos los residuos de envases generados, con un mínimo de un 15 por 100 en peso de cada material de envasado.
- Se reduciría, al menos el 10 por 100 en peso de la totalidad de los residuos de envase generados.
Las polémicas sobre estos han sido constantes. Hasta que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó el “Informe relativo al cálculo de la recogida separada de botellas de plástico de un solo uso para bebidas en el año 2023” En el se certificó, por primera vez desde 1997, que no se estaban cumpliendo los objetivos que justifican la existencia de Ecoembes. Y que envasadores y distribuidores de producto envasado incumplen con su obligación legal de reciclar y valorizar los envases que ponen en el mercado.
Este incumplimiento tiene varias consecuencias directas:
- Un sobrecoste de 1700 millones de euros anuales que envasadores y distribuidores de envases trasladan a las entidades locales. Y estas a los vecinos vía tasas de residuos.
- Incumplimiento de los compromisos europeos en materia de gestión de residuos, con las previsibles sanciones que tendremos que pagar entre todos.
- Seguimos participando en un sistema deficiente que genera redes ilegales de traslado de residuos con impactos sobre el conjunto de la economía, la salud de las personas y los ecosistemas.
Por ello, la certificación del incumplimiento de los objetivos de recogida de envases debería implicar el establecimiento obligatorio del sistema de depósito, devolución y retorno para determinados envases domésticos de un solo uso. O así está previsto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular y el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases.
¿Veremos un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases en España? Lo dudo. No hay voluntad ninguna para cambiar las cosas:
- Los representantes fabricantes y distribuidores, en el mismo discurso, dicen estar comprometidos con el SDDR y pedir que la “sostenibilidad no afecte a la competitividad de las empresas”.
- Desde Ecoembes se tiene una sensación incómoda porque perciben que no se va a cumplir con la normativa que obliga al SDDR y manifiestan que podría suponer una caída de un 7% en las ventas de los productos adheridos a su sistema integrado de gestión.
- Responsables políticos verbalizan en público que “cuando empieza algo que todo el mundo sabe que no va a suceder no sucede”.
- La prensa económica presiona para tratar de aplazar el SDDR a la próxima legislatura.
Si hubiese voluntad por mejorar la recogida de residuos de envases y cumplir los objetivos europeos de reciclaje las cosas se estarían haciendo de otra manera. La hoja de ruta venía marcada en el Estudio de viabilidad de la implantación de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) en España.
El documento, elaborado de forma independiente como parte del proceso que dio lugar a la Ley 7/2022, recoge de manera rigurosa y objetiva las ventajas e inconvenientes del SDDR, posibles opciones para su implantación, los recursos, mecanismos y plazos necesarios para su puesta en marcha.
Analizaba otros SDDR funcionando en diferentes países, comparándolos con la realidad de la gestión de residuos en España y aportando las evidencias necesarias para incorporarlo como una obligación legal.
En vez de seguir este documento el proceso está marcado por la desinformación y los intereses corporativos de la industria del envase de usar y tirar. El SDDR, que lleva décadas funcionando en otros lugares y estábamos dispuestos a implantar en España en 1997, es ahora una necesidad urgente para poner fin al incumplimiento de la legislación de residuos. Un incumplimiento que nos cuesta, anualmente, 1700 millones de euros a todas las personas que residimos en municipios españoles.
Pero que nos costará mucho más en la medida que sigamos acumulando envases en vertederos. O que nuestro deficiente control sobre la gestión de residuos sea cada vez más atractivo para las mafias internacionales. O que no seamos capaces de reducir nuestra dependencia de material importado para atender nuestras necesidades de materias primas. O a medida que lleguen cada vez más sanciones por incumplimiento de compromisos en materia de gestión de residuos.
Resulta muy difícil justificar la prevalencia de los intereses de las grandes corporaciones. Las que con el envase de usar y tirar imponen un modelo de producción y consumo que ahoga al productor local y al pequeño comercio. Trasladando costes al conjunto de la sociedad.
Nos jugamos mucho:
- Avanzar a un sistema en el que las actividades económicas internalizan los costes de su modelo de negocio o quedarnos estancados en este subvencionando esos costes con tasas municipales.
- Recuperar materias primas a partir de los residuos o seguir mezclándolos de forma que los resultados de reciclaje no alcancen los objetivos comprometidos.
- Crear incentivos para que el mercado opte por alternativas mejores para la salud de los consumidores o seguir contaminando con plásticos de usar y tirar.
La oportunidad, pese al esfuerzo por conseguir una opción a futuro, se perdió en la Ley 7/2022. Ya sabíamos que no se cumplían los objetivos, teníamos estudios y avisos de la Unión Europea sobre la necesidad de mejorar los sistemas de responsabilidad ampliada del productor. En vez de establecer un SDDR obligatorio para los envases de bebidas se optó por dar otra oportunidad a quienes causan el problema y boicotean las soluciones reales.
¿Es ahora o nunca? Quizá. En vez de abandonarse a los titulares triunfalistas, es urgente evidenciar cómo, otra vez más, la industria del envase de usar y tirar está haciendo descarrilar el SDDR. Urge conseguir que las administraciones competentes escuchen el interés general y no se vendan a los intereses corporativos.
Los fabricantes interesados en poner en valor su material y las empresas que son conscientes de que la competitividad pasa por la sostenibilidad deberían liderar el proceso en vez de dejarlo en manos de quienes llevan 30 años aplazándolo. Buscar apoyo en las entidades sociales y las administraciones dispuestas a cambiar las cosas.
Mucho por hacer en un momento especialmente delicado. Donde el contexto internacional sirve para justificar un argumento y su contrario. En el que cada paso en la dirección correcta es crítico y cada oportunidad perdida puede resultar un fracaso definitivo.
No soy optimista. Me gustaría confiar en que la Administración es capaz de jugar su papel de árbitro y conciliar los intereses corporativos con el interés general. De que es capaz de cumplir y hacer cumplir lo que democráticamente establecemos en las leyes que nos damos. Veremos.